El magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Melilla, Francisco Ledesma, ha decidido anular las oposiciones a bombero de 2017 tras estimar parcialmente el recurso presentado por cinco candidatos. Estos opositores fueron considerados no aptos en su momento, y ahora, tras seis años de litigio, se ha determinado que hubo favoritismo por parte de la presidenta del tribunal hacia una de las candidatas en la prueba psicotécnica y de personalidad. Esta joven logró aprobar las oposiciones y es actualmente la única mujer en el cuerpo de bomberos de la ciudad.
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Cinco de los opositores afectados iniciaron un proceso judicial dual. Por un lado, presentaron una acción penal por presunto delito de prevaricación. Sin embargo, a pesar de las «evidencias de manipulación» en el proceso selectivo, el Juzgado de Instrucción de Melilla sobreseyó la causa por no encontrar indicios de criminalidad.
No satisfechos con esta resolución, los opositores recurrieron al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla, que recientemente les ha dado la razón. Según Antonio Suárez-Valdés, abogado de los cinco recurrentes, este caso es uno de los más claros y groseros de favoritismo en los procesos selectivos de la Ciudad Autónoma. Durante el juicio, se acreditó que el tribunal de selección modificó sus propios criterios de calificación para que una candidata aprobara una prueba que inicialmente había suspendido, sin aplicar el mismo cambio a otros opositores que se encontraban en la misma situación.
Abogado Derecho Militar – Suárez Valdés
El expediente judicial revela que la presidenta del tribunal tenía una estrecha amistad con las tías de la candidata favorecida y que solicitó a las psicólogas asesoras del tribunal alterar los criterios de corrección sin la aprobación del resto de los miembros. Esto provocó dimisiones dentro del órgano de selección, ya que algunos miembros no quisieron participar en dichas irregularidades.
El juez, en su sentencia, ordena repetir la prueba psicotécnica y de personalidad para los aspirantes que fueron injustamente declarados no aptos y despoja de su plaza a la candidata beneficiada por las irregularidades. Esta también deberá repetir la prueba.
Suárez-Valdés ha calificado la sentencia como «una gran victoria del estado de derecho y del control jurisdiccional de la actividad administrativa».
