Así lo ha acordado la magistrada Eva María Alfageme Almena del juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 3 en la sentencia 108/2021, 21 de mayo, contra la que no cabe recurso.
El conflicto surgió en febrero de 2018 cuando se le comunicó que pasaría a realizar tareas propias del destino en la Jefatura del Museo Biblioteca de la ACINF, siendo apartado de su promoción para el acceso como militar de carrera a la Escala de Suboficiales, impidiéndole continuar su formación.
En marzo de ese año, según consta en la resolución, se le notificó la apertura de expediente de baja como alumno, sobre la base de una presunta pérdida de condiciones psicofísicas.
La Junta Médico Pericial se reunión en mayo concluyendo que aunque presentaba rasgos anómalos de personalidad, los mismos no llegaban a constituir un trastorno en ese momento y no se apreciaba psicopatología clínica significativa. Por lo que el acta concluyó con un grado global de limitación del 0%.
Posteriormente, al haber superado el Plan de Estudios de la Enseñanza Militar de Formación ingresó en la Escala de Suboficiales, con el empleo de sargento y antigüedad de 1 de julio de 2018 y efectos económicos de 1 de julio de 2018.
El militar, cuya representación ha ejercido Antonio Suárez-Valdés, abogado del despacho Suárez-Valdés, entendía que por la incoación del expediente quedó privado de la posibilidad de acceder a la escala de suboficiales con el resto de sus compañeros.
Por ello, reclamó la diferencia retributiva que dejó de percibir respecto al resto de sus compañeros, por no haber podido acceder a la Escala de Suboficiales, al mismo tiempo que ellos, así como una indemnización por daños morales.
La Abogacía del Estado, se opuso a la estimación del recurso.
A juicio de la magistrada, «es evidente que el recurrente perdió la oportunidad de promocionar junto a sus compañeros, pues la decisión de la Junta Médico Pericial, no llegó a tiempo para que pudiera hacerlo».
«Los posibles daños y perjuicios no se ven subsanados por el hecho de que finalmente fuera ascendido a suboficial»
La Abogacía del Estado, recuerda en la sentencia, reconoció que «en efecto se le produjo un daño real al actor, pero que el mismo tenía el deber jurídico de soportarlo, porque la Administración ante posibles sospechas, estaba obligada a garantizar el perfecto estado psicofísico de los alumnos y en caso de duda, someterlos a un expediente de aptitudes psicofísicas, que fue lo que aquí se hizo».
Sin embargo, esta visión de la abogacía no es compartida por la juez, ya que aunque entiende que «el Ministerio de Defensa está en su derecho de velar porque los alumnos antes de ser promocionados una vez superada la formación, no presenten problemas psicofísicos que comprometan su trabajo, ello no obsta que, como en el caso de autos, una vez resuelto que el actor en modo alguno presentaba patologías, no le hubieran incluido como suboficial en la misma promoción con el resto de compañeros con los que inicio el curso».
Sostiene la magistrada que «es evidente el daño que se le causó al demandante, al verse sometido a un expediente de determinación de aptitudes psicofísicas, que concluyó que era perfectamente capaz, apartándolo primero como alumno y luego, impidiéndole promocionar con el resto de sus compañeros».
De modo que, «los posibles daños y perjuicios no se ven subsanados por el hecho de que finalmente fuera ascendido a suboficial y, en consecuencia, procede estimar sus pretensiones en orden a que perciba las diferencias retributivas con respecto a los compañeros junto a los cuales, debió ascender, cuantía, cuyo montante se fijará en ejecución de sentencia».
Sin embargo, desestima la petición respecto a los daños morales, «entendiendo que los mismos quedan compensados con el dictado de esta sentencia». Por todo ello estima parcialmente las pretensiones del militar.
Fuente Confilegal
