Suárez-Valdés consigue una sentencia por la que se jubila a un policía nacional.
La Audiencia Nacional ha dado la razón a un agente de Policía Nacional cuya solicitud de jubilación por incapacidad permanente había sido denegada por la Dirección General de la Policía. La sentencia 91/2025, dictada el 23 de junio de 2025, estima íntegramente la demanda y declara el derecho del funcionario a pasar a la situación de jubilación por incapacidad permanente, además de imponer las costas al Ministerio del Interior.
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El informe pericial independiente fue determinante
Frente a la ausencia de motivación del dictamen oficial, la defensa aportó un amplio conjunto de informes médicos, entre ellos el elaborado por la Dra. Zulema Cardoso, especialista en Traumatología, Ortopedia y Medicina Legal. Este informe analizaba 18 fuentes clínicas relativas a la evolución del agente, incluía exploración física directa, explicaba de forma detallada cómo las lesiones limitaban funciones esenciales del trabajo policial, como: coger peso, manipular objetos, usar herramientas, realizar tareas de precisión, empuñar armas, detener o inmovilizar delincuentes.
La experta concluyó que la combinación de lesiones (especialmente la artrodesis metacarpofalángica del pulgar izquierdo, que conlleva pérdida total de movilidad) resultaba incompatible con las funciones básicas de un policía nacional. El magistrado considera este informe lógico, razonado y plenamente motivado, por lo que lo toma como referencia frente al dictamen del Tribunal Médico.
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La Audiencia Nacional estima la demanda y reconoce la incapacidad
La sentencia resuelve que:
- Anular la resolución administrativa impugnada.
- Reconocer el derecho del agente a la jubilación por incapacidad permanente.
- Imponer las costas al Ministerio del Interior.
Además, recuerda que la resolución podrá ser apelada en los 15 días siguientes a su notificación, conforme a los artículos 81.1 y 85.1 de la LJCA.
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Un caso que refuerza las garantías de los funcionarios lesionados
El fallo constituye un nuevo ejemplo de cómo los tribunales exigen motivaciones suficientes y racionales en los dictámenes médicos oficiales, especialmente cuando afectan a derechos tan relevantes como la jubilación por incapacidad permanente. La resolución subraya que no basta con listar diagnósticos, sino que la administración debe explicar por qué esas dolencias permiten o no permiten seguir desempeñando la profesión.
En este caso, la labor de análisis médico y jurídico realizada en la demanda ha sido decisiva para que la Audiencia Nacional corrigiera la actuación administrativa y reconociera la situación de incapacidad.
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