Perote pide al tribunal militar que anule ya la sentencia que le condenó

El exjefe de Operaciones del CESID Juan Alberto Perote ha solicitado ante el Tribunal Militar Central la ejecución de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de 2002 que dictaminó que España vulneró su derecho a un juicio equitativo en “las escuchas del CESID”, de modo que se anule su condena.

El letrado de Perote, Antonio Suárez-Valdés, ha explicado que presenta esta solicitud con la convicción de que “es difícilmente entendible que se vengan ejecutando con prontitud las sentencias del TEDH que permiten la inmediata excarcelación de etarras y que en cambio la sentencia de este militar lleve años pendiente de ejecutar”.

En el escrito remitido al Tribunal Militar Central, al que ha tenido acceso EFE, la defensa del coronel repasa todo el proceso desde 1997, cuando este órgano le condenó a 7 años de cárcel por revelación de secretos o informaciones sobre seguridad nacional, hasta la actualidad, y destaca que la sentencia del TEDH de 2002 dictaminó que España no respetó su derecho a un juicio equitativo debido a una violación del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y ordenó al Estado a pagarle 10.500 euros en concepto de gastos.

Tras esta sentencia el coronel pidió la nulidad de las actuaciones llevadas en el Tribunal Militar, lo que se desestimó en el Constitucional, y el Gobierno determinó que se abonaría la indemnización pero que no era preciso adoptar ninguna otra medida, ya que “con arreglo a la legislación española en vigor, no existía ninguna posibilidad de reapertura de los procedimientos internos que el TEDH había estimado contrarios a la convención”.

Perote defiende que, en contra de lo que sostuvo el Estado, él sí instó a la reapertura de los procedimientos afectados por la sentencia europea, y que “era y sigue siendo precisa la adopción por los órganos competentes del Reino de España de las medidas individuales precisas para poner fin a la infracción declarada por el TEDH y resarcir sus efectos”.

El escrito incide en que el Estado español estaba obligado “a llevar a puro y debido efecto la ejecución de la sentencia del TEDH”, que a día de hoy “no ha sido plena y debidamente ejecutada”.

Y por eso insta a que su sentencia condenatoria sea invalidada y a que “se proceda a devolver al demandante a la situación de la que habría disfrutado si no se hubieran infringido las normas objetivadas en la sentencia del TEDH”, de manera que se dejen sin efectos las penas accesorias impuestas, incluida la de pérdida de empleo y se le restituya en su condición de militar de carrera, con todos los pronunciamientos administrativos y económicos añadidos.

También pide que se le restituyan “todas las condecoraciones y titulaciones que como consecuencia de su injusta condena le hubieran resultado sustraídas”. EFE

Fuente: La Vanguardia