El instructor militar cita como imputados a los mandos que dirigieron el ejercicio e indaga en los máximos responsables
El sargento Rafael Gallart Martínez, en una fotografía del Ministerio de Defensa.
El salto paracaidista en el que perdió la vida el sargento Rafael Gallart Martínez, de 33 años, natural de Hellín (Albacete), el pasado 10 de junio frente a las costas de Cartagena (Murcia), nunca debió realizarse. El titular del Juzgado Togado Militar Territorial número 14 ha apreciado en la planificación y ejecución del ejercicio indicios de un delito contra la eficacia del servicio con resultado de muerte, que el Código Penal Militar castiga con hasta seis meses de prisión, y ha elevado a sumario las diligencias previas que instruía hasta ahora.
En un auto dictado este lunes, el juez retira la condición de testigos al capitán y al brigada que actuaron como jefe de lanzamiento y jefe de zona de caída de los paracaidistas, y los cita como investigados (condición equivalente a imputados). Según el auto, ambos son “los militares que, a primera vista, tenían encomendada la organización del salto, así como la supervisión de que las condiciones en que se desenvolvió el ejercicio se ajustaran a las normas previstas”.
Pero la investigación judicial no se detiene a ese nivel, ya que el juez reclama un “informe comprensivo de los cometidos desempeñados durante el ejercicio” por el coronel director de la Escuela Militar de Alta Montaña y Operaciones Especiales, el teniente coronel jefe de estudios de la misma y el comandante jefe del curso en el que participaban Gallart y sus compañeros. El sargento, destinado en el tercio de la Legión de Ronda (Málaga), estaba realizando un curso de operaciones especiales organizado por la escuela de Jaca (Huesca).
Según la investigación judicial, “las condiciones meteorológicas existentes (velocidad del viento y oleaje) en la zona de lanzamiento”, un rectángulo de 2000 por 600 metros a unas cinco millas de la costa denominado DZNutria, “no permitían la realización del salto paracaidista”. En concreto, según el informe meteorológico emitido por el patrullero Infanta Cristina, que se encontraba en el área, “entre las 10.00 y las 11.00 horas de la mañana se registran rachas de viento de entre 20 y 25 nudos. El viento predominante durante toda la mañana es de viento bonancible moderado (11-16 nudos) del noreste, mar marejadilla, buena visibilidad y cielos despejados aumentando la nubosidad hacia las 13 horas”. El auto recuerda que “la velocidad de viento máximo permitido para realizar el salto [es] la de 14 nudos”.
Además, según la normativa, la tripulación de las embarcaciones que recogen a los paracaidistas del agua debe estar formada por un patrón y dos tripulantes; mientras que la que acudió a rescatar al sargento Gallart se limitaba a un patrón y un auxiliar. Cuando llegó a la zona de recogida, el sargento Gallart “agitaba los brazos”, intentando librarse del paracaídas, y el auxiliar se lanzó al agua para intentar liberarlo cortando con una navaja los arrastres de la campana, pero se le escapó de las manos y el accidentado quedó a la deriva. Al final, la embarcación se acercó y su compañero lo agarró por el pecho y lo subió a bordo, aunque el sargento ya “se encontraba totalmente inconsciente y echando espuma por la boca”. Falleció al llegar al Hospital Santa Lucía de Cartagena.
Imputados dos mandos militares por el salto paracaidista en Cartagena en el que murió el sargento Gallart
El abogado de la viuda tiene claro que “se ha producido una negligencia grave con resultado de muerte” | El Juzgado Togado cita a declarar como investigados a los dos responsables de la organización del ejercicio que acabó en tragedia
El sargento del Ejército de Tierra Rafael Gallart Martínez perdía la vida el pasado mes de junio, en Cartagena, al caer al mar en un ejercicio de salto paracaidista sobre el agua, durante un curso de operaciones especiales. El joven, de 34 años y natural de Hellín (Albacete), fue rescatado del agua con vida, aunque falleció en el Santa Lucía. Tanto su viuda como sus padres llevaron el caso a los tribunales. Ahora, el juez se ha pronunciado.
El titular del Juzgado Togado Militar Territorial Nº 14 considera que hay indicios de un delito contra la eficacia del servicio con resultado de muerte. El Código Penal Militar castiga esto con hasta seis meses de prisión.
En un auto, notificado esta semana, el instructor militar cita en calidad de imputados a dos militares, un capitán y un brigada, por su presunta responsabilidad en el ejercicio que acabó en tragedia. En teoría, ellos tenían que velar para que todo saliese bien.
Antonio Suárez-Valdés tiene claro que “no se daban las condiciones meteorológicas adecuadas”
En opinión del juez, existen indicios de negligencia en cuanto a la previsión, organización, dirección y supervisión del desarrollo del salto mortal.
“Consideramos que se ha producido una negligencia grave con resultado de muerte”, explicaban a LA OPINIÓN, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, fuentes del gabinete jurídico de Antonio Suárez-Valdés, experto en la jurisdicción militar, que representa a la viuda de Gallart. La mujer estaba embarazada en el momento del deceso y dio a luz a final de 2021. Los padres del sargento, por otro lado, están representados por el abogado Mariano López Ruiz.
POR LA VÍA PENAL MILITAR
La idea de que el deceso fue consecuencia de una negligencia surge “al analizar las circunstancias en las que se produjo el siniestro”, detallan las mismas fuentes. El bufete irá “por la vía penal militar contra los responsables del ejercicio”. “Ya estamos personados en esa vía”, remarcan.
No obstante, al entender que entre los presuntos responsables “hay personal aforado con empleo superior a capitán, hemos solicitado que se deriven las actuaciones al juzgado togado militar central de Madrid”.
Acerca de contra cuántas personas serán finalmente acusadas, los profesionales del gabinete apuntan que aún “es complicado de determinar”, aunque estiman que, en estos ejercicios, “suele haber un responsable de planeamiento, con el cual no habría mayor problema, porque el ejercicio no tiene por qué estar mal planeado; pero también hay un responsable de la ejecución del ejercicio, el cual se debió de suspender, porque no se daban las condiciones meteorológicas adecuadas”.
Además, los abogados tienen previsto acusar “al responsable de material”, ya que, según aseguran, “no funcionaban los mecanismos de seguridad de los paracaídas”. En este sentido, destacan que “esos equipos llevan un arnés que hay que soltarlo cuando tocas en el mar y, según las noticias que tenemos, tanto él como otros compañeros tuvieron problemas con lo mismo, con los mosquetones”. Asimismo, ponen la lupa sobre el responsable de los equipos de salvamento del Ejército, los cuales “no estaban bien coordinados ni montados”, según los letrados.
Los legionarios llegaron a Cartagena desde la población andaluza de Ronda, mientras que el curso de operaciones especiales estaba organizado por la escuela de Jaca, en Huesca.
EL TRÁGICO ACCIDENTE
La alarma saltaba cuando el Ejército de Tierra estaba realizando un ejercicio del curso de Operaciones Especiales. El Centro de Coordinación de Emergencias recibía, en torno a las 12.50 horas, una llamada en la que se solicitaba, por parte del Ejército, una ambulancia asistencial: dos paracaidistas del Ejército de Tierra habían caído al mar en La Manga.
Según fuentes de Emergencias, los paracaidistas pudieron ser rescatados del mar. Uno de ellos fue trasladado al Santa Lucía de Cartagena y el otro no necesitó asistencia sanitaria. Por otro lado, Protección Civil, que también había sido requerida para intervenir, se retiró del lugar de los hechos después de que el Ejército explicase que se hacía cargo del rescate. Más tarde, fuentes de la Armada informaron de que el dispositivo fue desactivado y que había un herido ingresado en el hospital Santa Lucía. Horas más tarde de aquel trágico 10 de junio, el sargento del Ejército de Tierra Rafael Gallart Martínez fallecía.
Un juez investiga el ahogamiento de un sargento tras un salto paracaidista
Cita como imputados a los responsables del entrenamiento porque las condiciones meteorológicas para saltar al mar en Cartagena no eran adecuadas y el equipo de rescate era insuficiente
El Juzgado Togado Militar Territorial número 14 ha citado a declarar encalidad de investigados a un capitán y a un sargento primero por el fallecimiento del suboficial Rafael Gallart durante un salto paracaidista el pasado 10 de junio frente a las costas de Cartagena. Natural de Hellín (Albacete), de 34 años, casado y padre de un bebé que no llegó a conocer, este integrante del Tercio Alejandro Farnesio de la Legión participaba en un curso de operaciones especiales cuando sucedió la fatalidad.
La decisión del instructor militar de investigar un delito por presunta imprudencia con resultado de muerte llega tras analizar todos los informes del accidente y haber tomado declaración como testigos a 11 militares: siete tenientes, un brigada y tres sargentos. Considera el juez togado que existen indicios racionales para entender que las condiciones meteorológicas existentes en la zona (velocidad de viento y oleaje) no permitirían la realización del salto al mar.
En este sentido, el informe de meteorología emitido por el Patrullero Infanta Cristina señala la existencia «de vientos bonancibles moderados, mar rizada, cielos despejados y buena visibilidad. Con rachas de entre 20 y 25 nudos entre las 10 y las 11 de la mañana, con una media de 11 a 16 nudos durante toda la mañana, siendo la velocidad máxima permitida para efectuar el salto de 14 nudos».
Además, el personal de la tripulación de la embarcación que prestó los primeros auxilios al fallecido tampoco estaría compuesta por los integrantes exigidos en el ejercicio de la Brigada de Paracaidistas Almogávares VI, según la reunión de coordinación del jefe de zona de lanzamiento en agua. Solo había dos uniformados en la embarcación de rescate, un sargento primero y un cabo. Según la Guardia Civil, la composición de dicha tripulación provocó el retraso en la maniobra de rescate de Gallart.
«Se le escapó de sus manos»
Según recoge el auto al que ha tenido acceso este periódico, «cuando llegan con la embarcación a su altura, el sargento Naveiras decide saltar al agua hasta el accidentado para intentar liberarlo del paracaídas, ya que agitaba los brazos. Sin embargo, la tarea se complicó y decidió colgarse de las bandas para sustentarse y no hundir a Gallart, optando ya por cortar con una navaja parte de los cordones del paracaídas para restarle potencia al arrastre de la campana».
Prosigue el relato: «Todas estas acciones le ocasionan un gran cansancio a Gallart, quedándose descolgado a la deriva tras escaparse de sus manos y al final su compañero, el sargento Naveiras, se aproxima con la embarcación ayudándole a subir a la misma, volviendo nuevamente a saltar sobre los cordones del paracaídas para intentar contrarrestar la abertura de la campana, surtiendo efecto esta acción. Sin embargo, Gallart ya se encontraba inconsciente».
Para el juez, existen indicios de negligencia en cuanto a la previsión, organización, dirección y supervisión del desarrollo del salto, de ahí la citación como imputados del jefe del lanzamiento (capitán González) y del responsable de la zona de caída (sargento primero Domínguez). El motivo, añade el auto, es que el ejercicio se debía ajustar a las normas previstas por la unidad de destino: la Brigadade Paracaidistas Almogávares VI. El instructor también quiere saber el cometido en este ejercicio del coronel Jáñez, director de la unidad; del teniente coronel Soto y del comandante Balaguer, jefe del curso.
A juicio del abogado de la acusación particular, Antonio Suárez-Valdés, «es muy triste que en el ámbito del Ministerio de Defensa haya que poner muertos encima de la mesa para que se normalicen las condiciones de seguridad». Recuerda que la ministra Margarita Robles debe cumplir con su palabra y dar una solución a la precaria situación en la que se encuentran tanto la viuda como la hija del sargento, recién nacida el mes pasado y que han quedado en situación de «total desamparo».
