El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia que obliga al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, a pagar alrededor de 20 millones de euros a 500 guardias civiles que fueron discriminados salarialmente. La sentencia sienta un precedente al reconocer el derecho de los afectados a percibir con carácter retroactivo las retribuciones que les fueron denegadas de manera indebida.
Abogado Guardia Civil
Un fallo que marca un antes y un después
El caso concreto que ha dado pie a esta resolución judicial se remonta a 2016, cuando un aspirante a la Guardia Civil fue excluido de un proceso selectivo por usar lentillas, una decisión que posteriormente fue anulada por la justicia. En 2018, una sentencia le permitió reincorporarse al proceso y, finalmente, en 2021 fue nombrado guardia civil con antigüedad retroactiva a abril de 2018.
Sin embargo, el Ministerio del Interior se negó a abonarle los salarios correspondientes a los años en los que, de haber sido admitido desde el principio, habría estado en activo. Esta negativa obligó al afectado a recurrir nuevamente a los tribunales, lo que derivó en la reciente sentencia del TSJA que le ha dado la razón.
Impacto en más de 500 agentes
Fuentes jurídicas señalan que este fallo podría beneficiar a más de 500 guardias civiles que se encuentran en situaciones similares. Cada uno de ellos podría percibir entre 40.000 y 50.000 euros en concepto de atrasos, lo que supone un desembolso total de aproximadamente 20 millones de euros por parte del Ministerio del Interior.
La sentencia reconoce que los efectos administrativos y de antigüedad otorgados por la resolución judicial inicial deben ir acompañados de los correspondientes efectos económicos. En este sentido, rechaza la postura del Ministerio, que pretendía remitir a los afectados a un procedimiento de responsabilidad patrimonial para reclamar los salarios perdidos.
Abogado Guardia Civil – Suárez Valdés
Argumentos del Tribunal
El TSJA argumenta que no tiene sentido reconocer la antigüedad y la pertenencia al cuerpo sin otorgar el derecho a percibir los salarios correspondientes. La sentencia establece que la Administración no puede exigir a los afectados que inicien un procedimiento adicional para reclamar su sueldo, ya que ello supondría una dilación injustificada en el reconocimiento de sus derechos.
El tribunal también destaca que la exclusión de los aspirantes debe analizarse bajo el principio de proporcionalidad, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha dictaminado en varias ocasiones que las causas de exclusión médica no pueden aplicarse de forma automática.
Un precedente clave
Este fallo marca un precedente importante en la jurisprudencia, ya que aclara que la Administración está obligada a pagar los salarios atrasados cuando se reconoce la reincorporación retroactiva de un aspirante a la Guardia Civil.
El abogado del demandante, Antonio Suárez-Valdés, ha valorado positivamente la sentencia y ha anunciado que su despacho está preparado para presentar nuevas reclamaciones en nombre de otros afectados. «Es un reconocimiento claro de que la Administración no puede denegar derechos económicos a quienes han sido discriminados», ha declarado.
Por su parte, asociaciones de la Guardia Civil han celebrado la resolución y han pedido al Ministerio del Interior que acate la sentencia sin dilaciones ni trabas burocráticas que retrasen el pago a los afectados.
