Apoya la petición de policías de que se responsabilice a la gente presente en los colegios por impedir a los agentes incautar las urnas
La Abogacía del Estado defiende que se investigue a algunos votantes del referéndum del 1 de octubre que agredieron a Policías y les impidieron el paso para incautar las urnas y papeletas, tal y como había ordenado el Tribunal Superior de Justicía de Catalunya (TSJC). Los Servicios jurídicos del Estado apoyan la petición de un sindicato policial de que identifique a una serie de votantes que tuvieron enfrentamientos con la Policía.
Así consta en un escrito presentado en la Audiencia Provincial de Barcelona, publicado por eldiario.es, en el que se adhiere a un recurso interpuesto por el Sindicato Profesional de Policía, que reclama imputar a 36 votantes heridos en cuatro colegios que denunciaron o se querellaron contra la Policía, además de identificar a otros concentrados que aparecen en los vídeos obrantes en la causa y su posible papel de “organizadores de la resistencia” y su relación con los CDR.
Según explican fuentes jurídicas a La Vanguardia, la Abogacía del Estado ha salido en defensa de lo agentes al considerar se que se estaba cuestionando la legitimidad de la labor de los policías cuando en realidad lo que hacían era cumplir las órdenes del TSJC de evitar la celebración del referéndum.
Este recurso va contra la decisión del juez de Barcelona que investiga las cargas policiales de proceder a la investigación formal de los votantes. La causa, seguida en el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, se inició por la agresión a un votante, Roger Español, que perdió un ojo por una pelota de goma lanzada agentes que acudieron a cerrar uno de los colegios durante el referéndum del 1-O.
Según explican otras fuentes jurídicas, el instructor ha ido abriendo diligencias respecto de diversas agresiones y tiene investigados a varios agentes. Sin embargo, éstos han reclamado que los investigados sean los votantes, quienes aquel día pusieron resistencia para evitar que se llevaran las urnas y las papeletas al tratarse de una votación que había sido prohibida y declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
Delito de atentado contra agentes de la autoridad
De hecho, tal y como informan fuentes jurídicas y ha confirmado el abogado de alguno de los policías Antonio Suárez-Valdés el juez ha aceptado que varios agentes se personen como perjudicados. El instructor solicitó a la Dirección General de Policía una relación de policías lesionados en diversos centros de votación. El oficio policial con la identificación de los agentes y los motivos de lesiones acaba de ser remitido al Juzgado, con un listado de 13 agentes heridos en una decena de colegios, como el Ramon Llull, Pau Claris o el Meditarrània, entre otros.
Una vez que el juez ha recibido este informe policial, ha ofrecido a los agentes la posibilidad de emprender acciones legales contra los supuestos agresores. Suárez-Valdés confirma que efectivamente se solicitará la identificación de aquellas personas concentradas en los colegios que actuaron contra miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y se solicitará que sean investigados por un delito de atentado contra agentes de la autoridad.
Actuación antijurídica
Esto significa que en el mismo juzgado que se investigan las supuestas agresiones de policías a diversos votantes del 1-O, podría también acabar con la investigación a los propios concentrados que mostraron un comportamiento agresivo con los agentes. De hecho, en el informe de la Abogacía del Estado, que se oponía a la decisión del instructor de no investigar a unos votantes en unos colegios concretos, el letrado alerta de que hubo gente se que opuso a la actuación de la Policía a sabiendas de que esa votación era ilegal y que tenían la orden de cerrar los colegios electorales. “Cuando un ciudadano observa que la policía quiere entrar en un lugar en el ejercicio de sus funciones, sabe que su obligación jurídica es dejar libre el paso sin plantearse otras cuestiones. Impedir el paso es antijurídico”, recoge el abogado, según eldiario.es.
Fuentes jurídicas explican que el juez ya ha advertido en varias resoluciones que el hecho de que los votantes hayan ido al centro electoral a depositar un papel en la urna, para lo que fueron llamados por la sociedad civil y la Generalitat, era un ejercicio protegido por sus derechos civiles.
Sin embargo, fuentes próximas a la defensa de los policías explican que no tiene porqué ser contrario a que finalmente puedan acabar investigadas aquellas personas que mostraron una resistencia activa contra los agentes a quienes llegaron a agredir. Y a la inversa, que agentes sean investigados por el uso injustificado.