La Dirección General de la Guardia Civil recibe cada día decenas de reclamaciones mientras decide si abonará de oficio las cantidades que adeuda a los funcionarios o actuará petición por petición
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, el pasado 27 de abril en Cáceres. (EFE)
Miles de guardias civiles están ‘bombardeando’ estos días a recursos al Ministerio del Interior para reclamar la deuda que recientemente le ha reconocido el Tribunal Supremo a un sargento del instituto armado y que por extensión le correspondería a la totalidad de los efectivos del cuerpo. Cada funcionario está interponiendo su instancia de forma individual, lo que amenaza con colapsar el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, que no dará abasto para responder a cada reclamante. De momento, según explican desde la Guardia Civil, han llegado alrededor de 200 recursos a la sede de la Benemérita. En los próximos días, previsiblemente, esta cantidad se verá incrementada notablemente.
El abogado especializado en la defensa de los intereses de los miembros de las fuerzas de seguridad Antonio Suárez Valdés asegura que está tramitando más de 7.000 solicitudes. Varias asociaciones de guardias civiles consultadas por El Confidencial no se atreven siquiera a indicar una cantidad concreta, pues las instancias en su caso las están presentando directamente los socios de forma individual. “Nosotros les damos el modelo y ellos las presentan, pero tenemos noticia de que la práctica totalidad de los miembros de la asociación ha mostrado interés”, explican desde la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil, agrupación cuyos servicios jurídicos interpusieron en nombre del citado sargento la demanda ante el Tribunal Supremo que ha dado origen a esta reclamación masiva.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la principal instancia judicial del país estableció el pasado 28 de abril que el sargento recurrente tenía derecho a percibir la subida del complemento de productividad de 2016 —cuando reclamó— que la Administración no había incrementado en su nómina ni en la de ningún funcionario del cuerpo. La sentencia, dada a conocer por ‘El Independiente’, respondía así al recurso interpuesto por el mencionado sargento contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en febrero de 2019 desestimó la petición del funcionario. El Supremo estableció que la Administración debía pagar al recurrente el incremento de la denominada productividad estructural conforme a la subida que había experimentado el complemento de destino, al que estaba sujeto, y no mediante el abono de una cantidad fija establecida en 2014, que es como lo había hecho la Administración.
Ese incremento, según el Supremo, representaba en 2016, año en el que el sargento recurrió, 47,03 euros al mes. Esa cantidad había que multiplicarla por lo tanto por los 12 meses de ese año y, por extensión, por los tres ejercicios siguientes en los que tampoco se ha tenido en cuenta el mencionado incremento de la productividad en la nómina del funcionario. La reclamación que ahora están haciendo los compañeros del sargento, evidentemente, no es por la misma cantidad, ya que el complemento depende de la categoría profesional y de las condiciones de cada miembro del cuerpo, por lo que resulta muy difícil establecer la suma total que el Ministerio del Interior tendrá que desembolsar para ponerse al día con todos los componentes de la Benemérita. Tanto la Asociación de Suboficiales como la Unión de Oficiales de la Guardia Civil han hecho una “estimación aproximada” y consideran que la cifra se situará en torno a los 15 millones de euros, ya que afecta a todos los niveles. Según la Unión de Oficiales, las cifras variarían entre los 2.000 euros que debería cobrar un coronel y los 250 euros de un agente de base.
Para evitar el colapso de la Administración fruto de los miles de reclamaciones masivas que ya se han iniciado, las asociaciones de la Benemérita reclaman a Interior que actúe de oficio, sin esperar a que lleguen las instancias de todos los afectados, que en realidad son los 70.000 componentes del instituto armado, incluyendo por supuesto a los mandos. Por eso, todas ellas han pedido a la Dirección General que convoque un pleno extraordinario del Consejo de la Guardia Civil, órgano conformado por representantes de las asociaciones y de la Administración que sirve para negociar las cuestiones laborales que afectan a los agentes, con el fin de abordar este único asunto. De momento, la Dirección de la Guardia Civil no ha contestado a este requerimiento, pero fuentes consultadas por El Confidencial aseguran que el departamento dirigido por María Gámez ya está buscando fecha para esta reunión. Entonces, las asociaciones pedirán que la Administración tome partido sin esperar a las reclamaciones que ya están empezando a llenar los cajones de las dependencias de la madrileña calle de Guzmán el Bueno.
Desde la Dirección General de la Guardia Civil, institución que debe hacerse cargo de las reclamaciones y los ingresos en las nóminas de los funcionarios, explican que sus técnicos aún están analizando la sentencia desde el punto de vista de sus repercusiones. El organismo todavía no ha decidido si atenderá las reclamaciones una por una o si, por el contrario, calculará la deuda total y pormenorizada y efectuará un abono generalizado a todos los componentes de la institución según su situación. “Nos estamos asesorando”, zanjan desde la Dirección General, que prefiere no mojarse más allá de esta afirmación y que de momento tampoco está tramitando los dos centenares de reclamaciones que han llegado hasta aclarar su postura.
“Dudamos mucho que la administración pague a quien no lo solicite expresamente en virtud del ejercicio de un derecho individual”, entienden desde la Unión de Oficiales. “Nosotros hemos recomendado a nuestro colectivo que reclame, que curse su instancia, porque desde el momento en que la presentan se interrumpen los plazos de prescripción, ya que solo se pueden reclamar los últimos cuatro años”, aseguran desde la misma asociación, que agrupa a la mayor parte de oficiales del cuerpo. “Si no haces nada y sigues esperando que la administración actúe de oficio, continúan corriendo los plazos”, añaden.
“Entendemos que es una partida presupuestaria importante, por lo que lo lógico sería que la Dirección General pagara todo el montante de oficio y no se llegase al colapso de la Administración”, entienden por contra desde la Asociación de Suboficiales, que espera que Gámez tome la decisión adecuada para evitar consecuencias que pueden ser peores para la propia Dirección. “Nosotros ya hemos interpuesto 7.000 reclamaciones administrativas, que se tramitan de manera individualizada dado el carácter militar del cuerpo”, asegura Suárez Valdés, que tiene la esperanza, por su parte, de que “el Ministerio del Interior actualice las cuantías adeudadas, porque de lo contrario abocaría a los funcionarios a afrontar un costoso procedimiento judicial“.
Puede descargarse gratuitamente la instancia y anexo en los siguientes enlaces:
DESCARGAR Anexo 1. CALCULADORA PARA ACTUALIZACIÓN PRODUCTIVIDAD
