Abogado especialista en Guardia Civil consigue a tres agentes una medalla pensionada
Varapalo judicial a Marlaska por discriminar con medallas de menor rango a guardias civiles, Suárez-Valdés, el abogado de los tres agentes.

El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 7 ha dictaminado que el departamento liderado por Fernando Grande-Marlaska debe otorgar la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo a tres agentes del Instituto Armado, ya que, según los magistrados, se vulneró el “principio de igualdad” al concederles una condecoración de menor categoría en comparación con sus compañeros, quienes recibieron la medalla completa desde el principio, la cual incluye un estipendio económico vitalicio.

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La Audiencia Nacional ha aceptado los recursos presentados por los tres agentes contra la Orden del 3 de agosto de 2023 del Ministerio del Interior, que les concedió la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco. Los demandantes argumentaron que se vulneró su derecho a la igualdad, ya que otros agentes que realizaron las mismas actividades recibieron la medalla con distintivo rojo, la cual es pensionada.

Desde el principio, el Ministerio del Interior se negó a satisfacer las demandas de los tres guardias civiles. La Abogacía del Estado se opuso al recurso, solicitando la confirmación de la resolución impugnada y argumentando que no se violó el principio de igualdad, ya que solo tres de los agentes condecorados estuvieron en riesgo de perder la vida, a diferencia del resto, y por eso recibieron una condecoración diferente. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha respaldado a los demandantes y ha señalado que la discrecionalidad de la Administración “ha vulnerado el principio de igualdad”, ya que, según se desprende de la prueba testifical, otros guardias civiles que participaron en el mismo rescate realizaron las mismas tareas y estuvieron expuestos al mismo riesgo para sus vidas, y por ello recibieron la Cruz con distintivo rojo. Por lo tanto, los magistrados concluyen que no hay justificación para un trato diferente hacia los demandantes, lo que refleja una falta de lógica y arbitrariedad en la decisión discrecional.

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En este sentido, el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 7, citando una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, hace hincapié en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley como un derecho subjetivo que obliga a los poderes públicos a tratar de manera idéntica los casos similares en sus consecuencias jurídicas. Además, señala que cualquier diferencia en el trato debe estar debidamente justificada y no resultar desproporcionada, algo que, según los magistrados, no se dio en el caso de estos tres agentes por parte del Ministerio del Interior.

El abogado de los tres agentes, Antonio Suárez-Valdés, explica que estas condecoraciones están destinadas a premiar a los agentes que hayan demostrado valor y hayan puesto en riesgo su vida durante sus actuaciones. Sin embargo, critica que el Ministerio del Interior haya negado sistemáticamente la concesión de estas medallas a agentes que han realizado acciones dignas de la Cruz del Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo. Esto se debe, por un lado, a limitaciones presupuestarias y, por otro, a la concesión de estas medallas a personal que no ha corrido riesgo directo de perder la vida. Esta situación, según el abogado, limita la posibilidad de otorgar estas condecoraciones a los agentes que realmente han enfrentado peligros durante sus actuaciones, como es el caso de los tres demandantes.

Derecho Guardia Civil Abogados – Suárez Valdés

Esta decisión judicial resalta la importancia de garantizar la igualdad de trato entre todos los miembros de la Guardia Civil, especialmente cuando se trata de reconocimientos y condecoraciones por actos de valentía y servicio. La justicia ha determinado que no se puede discriminar a los agentes que han arriesgado sus vidas en comparación con sus compañeros que han enfrentado situaciones similares.

El fallo del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 7 establece un precedente significativo en la defensa de los derechos de los miembros de la Guardia Civil y subraya la necesidad de que la Administración cumpla con los principios de igualdad y justicia en sus decisiones. La sentencia destaca que cualquier diferencia en el tratamiento de casos similares debe estar debidamente fundamentada y justificada, evitando así la arbitrariedad en las decisiones administrativas.

En este sentido, se hace hincapié en que las acciones de los agentes que arriesgan sus vidas en el cumplimiento de su deber merecen un reconocimiento acorde con su valentía y sacrificio. Por tanto, este fallo judicial representa un importante paso hacia la protección de los derechos de los miembros de la Guardia Civil y hacia la garantía de un trato justo y equitativo en el ámbito de las condecoraciones y reconocimientos dentro de la institución.