Se puede ser buen/buena policía o guardia civil y a la vez tener juanetes, escoliosis o lentes intraoculares. Los tribunales están dando la razón sistemáticamente desde hace años a opositores a policías y guardias civiles excluidos por causas médicas.
Desde hace tres años, ya son cientos las sentencias contra Interior que acreditan este hecho. Sin ir más lejos, sólo este pasado jueves el Tribunal Superior de Justicia de Madridnotificó una cifra de récord: al menos 48 sentencias en un mismo día que daban la razón a los opositores y se la quitaban al Ministerio.
Tanto la Dirección General de la Policía como la de la Guardia Civil continúan a menudo excluyendo a candidatos por circunstancias médicas que deberían haber apartado hace mucho tiempo. Una política que, sin embargo, contradice lo que aprobó el Consejo de Ministros de este Gobierno en 2018.
El grueso de estas últimas sentencias procede de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM. En muchas de ellas, a las que ha tenido acceso este periódico, los magistrados argumentan que los informes médicos de exclusión de los aspirantes son «parcos y no suficientemente motivados», o bien «contienen generalidades totalmente insuficientes» y están llenos de «consideraciones genéricas».
Según explican en el despacho de abogados Suárez-Valdés, que es uno de los referentes para los opositores que promueven contenciosos contra el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, el incumplimiento de la política que aprobó el propio Consejo de Ministros en el año 2018 «es constante».
Además, hay numerosa doctrina del Tribunal Supremocontraria a excluir a los aspirantes a policía y guardia civil por motivos como tener diabetes o llevar lentes intraoculares. Y no sólo en esos casos, también en los de dolencias mucho más graves. Al menos, la jurisprudencia dice que hay que admitirles salvo que se justifique que éstas puedan impedirles realizar su futuro trabajo con normalidad.
Según explica el abogado Antonio Suárez-Valdés, «al menos hay 30 sentencias de los últimos meses por lentes intraoculares, pero hay muchísimos otros casos como llevar una pequeña placa en un hueso por una fractura sufrida hace años, escoliosis sin afección de ningún tipo, tener juanetes, o haber superado un tumor y estar completamente recuperado».
Además, según indica el letrado y se puede leer en las sentencias, una de las características de estos opositores excluidos es que todos habían superado ya las pruebas físicas de la Policía o de la Guardia Civil. Hay que recordar que se trata de pruebas bastante exigentes y a ellas se presentan miles de personas completamente sanas que no consiguen superarlas.
Sin embargo, cuando llega la hora del reconocimiento médico, a muchos se les deja fuera tan sólo por conocer sus diagnósticos, sin que justificar si eso puede afectar a su desempeño.
Con algunas salvedades, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es en el que recaen casi todos estos contenciosos, por ser contra resoluciones firmadas por el director general de la Policía o la directora general de la Guardia Civil. El TSJM ha reconocido el derecho de sus aspirantes a ser readmitidos en la oposición, pero además «hay otros TSJ repartidos por España que están también obrando en la misma línea», añade Suárez-Valdés.
El 30 de noviembre de 2018, el Consejo de Ministros aprobó una «actualización de las causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público». Según explicó en aquel entonces Moncloa, la medida era algo que «este Gobierno ha querido abordar para poner fin a una discriminación histórica que venían soportando más de siete millones de personas».
El cambio se iba a aplicar a partir de 2020 e iba a afectar sobre todo a los aspirantes a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Instituciones Penitenciarias, Fuerzas Armadas y Vigilancia Aduanera. Es decir, profesiones que son competencia de Interior, Defensa y la Agencia Tributaria. En aquel momento, el Consejo de Ministros aprobó dejar fuera de las causas de exclusión a los afectados por VIH, diabetes, enfermedad celíaca o psoriasis, pero además se decidió que se iban a revisar y actualizar todas las demás causas previstas en los catálogos de exclusiones médicas en cada ministerio.
Para revisar estas causas se anunció la creación de un grupo de trabajo interministerial, que pretendía dar impulso y seguimiento a este acuerdo. En el caso de Interior, parece que no se ha tenido en cuenta el pacto que propuso la entonces ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, hoy presidenta del Congreso de los Diputados.
Cabe recordar que el Consejo de Ministros adoptó esta medida tras contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, según dijo Moncloa, y una abundante jurisprudencia que venía históricamente avalando a muchos opositores. En gran cantidad de las actuales sentencias contra Interior se hace referencia precisamente a este acuerdo de noviembre de 2018.
Actualmente, la jurisprudencia es todavía mayor, pero, como indica Suárez-Valdés, «el Ministerio del Interior viene vulnerando de forma sistemática la doctrina del Tribunal Supremo, según la cual, para excluir a un opositor de un proceso selectivo por motivos de salud, la Administración debe acreditar, más allá de cualquier duda, que su patología es de tal intensidad o gravedad que inhabilite, menoscabe o dificulte el ejercicio por parte del afectado de los cometidos propios de su profesión».
